Este lunes se publicó en Animal P. que un Tribunal federal confirmó la sentencia de 9 años de prisión impuesta desde 2018 al exgobernador de VERACRUZ, JAVIER DUARTE.

Ello por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Sin embargo, se revocó el decomiso de más de 40 propiedades supuestamente ligadas a Duarte que se había ordenado como parte de la condena.

El texto, firmado por el periodista Arturo del Ángel, detalla que entre los bienes se encuentran 21 terrenos ejidales en Campeche y 20 casas y departamentos ubicados en Veracruz, CDMX, Estado de México y Guerrero.

En su fallo la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de CDMX, consideró que el proceso penal en el que aceptó declarase culpable fue totalmente legal.

Además, concluyó que las pruebas ofrecidas por la entonces PGR fueron idóneas para sostener que Duarte participó en un entramado que a través de empresas fantasma y prestanombres consiguió desviar recursos del erario.

Sin embargo, la magistrada señaló que los bienes referidos son de otros procesados que aún no son condenados, es decir, debe esperarse hasta el cierre total de cada caso.

El exgobernador promovió una apelación en contra de la sentencia condenatoria que se le dictó desde el 26 de septiembre de 2018.

En su fallo la magistrada subrayó que fue el propio Duarte el que aceptó renunciar a su derecho de defenderse en un juicio y de combatir las pruebas del Ministerio Público, quitándose él mismo la posibilidad de haber entrado al fondo de su asunto.

“La sentencia se funda en los hechos y las pruebas aceptadas por el acusado (…) Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el juez de control, en cuanto al delito y la responsabilidad. Lo único exigible ante el juez y luego ante el tribunal, es que los datos de prueba sean suficientes e idóneos”, señala Animal Político citando el fallo.

Además, la magistrada consideró como correcta la multa de 58 mil 890 pesos que se le impuso a Javier Duarte, así como la amonestación verbal que se le dictó para no incurrir de nuevo en estas actividades, y la pérdida de sus derechos políticos durante el tiempo en que dure la condena.

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