Opinión: La crisis de vivienda y el derecho a la ciudad

Conseguir un lugar digno donde vivir se ha vuelto una tarea titánica para millones de mexicanos. Los precios de la vivienda han aumentado muy por encima de los salarios. El crédito hipotecario es inaccesible para la mayoría. Los mercados de renta están desregulados y son abusivos. La vivienda de interés social se construye en periferias lejanas y mal conectadas. Esta crisis tiene dimensiones que van más allá de lo habitacional: se trata del derecho mismo a la ciudad.

Los números de la crisis

Las estadísticas son elocuentes. El rezago habitacional —familias que carecen de vivienda propia o habitan viviendas precarias— se cuenta en millones. Los precios de venta y renta han crecido sostenidamente, especialmente en las ciudades más dinámicas. La relación entre precio de vivienda e ingreso familiar promedio se ha deteriorado, haciendo que comprar casa sea un sueño inalcanzable para la mayoría.

Los jóvenes son particularmente afectados. La generación actual enfrenta condiciones laborales más precarias que las de sus padres, mientras los precios de la vivienda se han disparado. La expectativa de comprar una casa con esfuerzo propio, que definió a generaciones anteriores, se desvanece.

Especulación y financiarización

La vivienda ha dejado de ser primordialmente un bien de uso —un lugar donde vivir— para convertirse en un activo financiero. Inversionistas nacionales e internacionales compran propiedades no para habitarlas sino para especular con su valor o rentarlas a corto plazo.

Fenómenos como Airbnb han transformado mercados locales de vivienda. En colonias atractivas para turistas, propiedades que antes se rentaban a largo plazo ahora se ofrecen por noche a precios más rentables. Los residentes originales son desplazados; la vida de barrio se erosiona. Medios de información sobre la realidad urbana documentan cómo estas dinámicas afectan las condiciones de vida cotidiana en diversas ciudades mexicanas.

La financiarización de la vivienda no es exclusiva de México. Es tendencia global. Pero sus efectos son particularmente severos en países con desigualdad elevada y regulación débil.

El fracaso de la política de vivienda

La política habitacional de las últimas décadas apostó por la producción masiva de vivienda de interés social mediante subsidios a la demanda y desarrolladores privados. El resultado: millones de casas pequeñas, construidas en periferias lejanas, desconectadas de transporte, empleo y servicios.

Muchas de estas viviendas están abandonadas. Las familias que las adquirieron se encontraron con traslados de horas para llegar al trabajo, entornos inseguros y carentes de amenidades, cuotas de mantenimiento impagables. Prefirieron dejar de pagar y regresar a la vivienda informal en zonas mejor ubicadas.

El modelo falló porque priorizó la construcción sobre el hábitat. Produjo casas pero no hogares ni barrios. La política de vivienda debe ser política urbana integral, no solo política de construcción.

Renta: el sector olvidado

Millones de mexicanos viven en renta, pero este sector está casi desregulado. No hay controles de precios, los contratos son desiguales, los desalojos pueden ser arbitrarios. Los inquilinos carecen de derechos efectivos frente a propietarios.

En otros países, regulaciones de renta —control de aumentos, protección contra desalojos, estándares de habitabilidad— protegen a los inquilinos. En México, estas políticas son vistas con sospecha: se argumenta que desincentivan la inversión y reducen la oferta. Pero la desregulación total ha producido un mercado disfuncional donde pagar renta consume proporciones crecientes del ingreso.

Vivienda y desigualdad

El acceso a vivienda reproduce y profundiza desigualdades. Quienes nacen en familias propietarias heredan activos; quienes no, deben partir de cero en un mercado hostil. La ubicación de la vivienda determina acceso a empleo, educación, salud, seguridad. La segregación urbana cristaliza la estratificación social.

Las mujeres enfrentan desventajas particulares. Históricamente excluidas de la titularidad de propiedades, con ingresos menores y empleos más precarios, tienen mayor dificultad para acceder a vivienda propia. Las jefas de familia en situación de vulnerabilidad son uno de los grupos con peores condiciones habitacionales.

El derecho a la ciudad

El concepto de "derecho a la ciudad", desarrollado por Henri Lefebvre y retomado por movimientos sociales urbanos, plantea que los habitantes tienen derecho no solo a ocupar espacio en la ciudad sino a participar en su producción, a beneficiarse de las amenidades urbanas, a permanecer en sus barrios sin ser desplazados.

Desde esta perspectiva, la crisis de vivienda no es solo problema de oferta y demanda. Es cuestión de quién tiene derecho a vivir en la ciudad, a disfrutar sus beneficios, a decidir sobre su desarrollo. Es cuestión de justicia espacial.

Alternativas posibles

Existen alternativas al modelo actual. Políticas de vivienda pública en renta social, como las que funcionan en Europa, podrían ofrecer opciones para familias de ingresos medios y bajos. Cooperativas de vivienda dan control a los habitantes sobre su hábitat. Fideicomisos de tierra comunitaria evitan la especulación.

Regulación de rentas, captura de plusvalías para financiar vivienda social, densificación ordenada de zonas centrales, protección contra desplazamiento: hay un repertorio de políticas que otros países han implementado con resultados diversos.

Lo que no puede continuar es un modelo que produce vivienda inadecuada, deja sin opciones a la mayoría y permite que la especulación determine quién puede habitar las ciudades.

Conclusión

La vivienda es más que techo. Es arraigo, seguridad, patrimonio, acceso a oportunidades. Cuando millones no pueden acceder a ella en condiciones dignas, algo está profundamente mal.

Reconocer la vivienda como derecho y diseñar políticas que lo hagan efectivo es uno de los grandes pendientes de la política urbana mexicana. No es problema que el mercado por sí solo resolverá. Requiere acción pública decidida, informada por experiencias internacionales y adaptada a realidades locales.

El derecho a la ciudad debe ser para todos, no solo para quienes pueden pagarlo.