Opinión: Federalismo fiscal y desarrollo regional

México es una república federal, al menos en el papel. La Constitución establece tres órdenes de gobierno con competencias y recursos propios. Sin embargo, la realidad del federalismo fiscal mexicano dista mucho de este ideal. La concentración de recursos en la federación, la dependencia de estados y municipios de las transferencias centrales y las persistentes desigualdades regionales evidencian un modelo que requiere transformación profunda.

La herencia centralista

A pesar de su diseño constitucional federal, México tiene una tradición centralista arraigada. Durante la mayor parte del siglo XX, el gobierno federal concentró la recaudación, la toma de decisiones y la asignación de recursos. Estados y municipios fungían más como administradores de políticas federales que como gobiernos autónomos.

Las reformas de las últimas décadas han buscado descentralizar funciones, pero la descentralización del gasto no ha venido acompañada de descentralización del ingreso. Los estados reciben transferencias federales para ejercer funciones de educación, salud, seguridad y desarrollo social, pero tienen capacidad limitada para generar ingresos propios.

Dependencia de transferencias

La estructura actual del federalismo fiscal genera incentivos perversos. Los estados que más dependen de transferencias federales tienen pocos incentivos para fortalecer su recaudación propia. ¿Para qué hacer el esfuerzo político de cobrar impuestos locales si el dinero viene de la federación?

Esta dependencia también limita la rendición de cuentas. Cuando el dinero viene de "afuera", los gobiernos estatales y municipales rinden cuentas hacia arriba, no hacia sus ciudadanos. La relación entre quien paga (el contribuyente) y quien decide el gasto (el gobierno local) se rompe, debilitando los incentivos para la buena administración.

Desigualdades territoriales

El modelo actual no ha logrado reducir las desigualdades entre regiones. Estados del sur —Guerrero, Oaxaca, Chiapas— mantienen indicadores de desarrollo humano que contrastan dramáticamente con los del norte y centro del país. Décadas de transferencias federales no han cerrado estas brechas.

¿Por qué? Las transferencias se distribuyen según fórmulas que no necesariamente premian resultados ni atienden necesidades. Parte del dinero se destina a gasto corriente —nóminas, burocracia— sin impacto transformador. La corrupción y la ineficiencia reducen el efecto de los recursos que sí llegan.

Una política seria de desarrollo regional requeriría no solo transferir recursos sino fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales, invertir estratégicamente en infraestructura y capital humano, y crear condiciones para la atracción de inversión privada.

Potestades tributarias

Uno de los debates pendientes es el de las potestades tributarias. Actualmente, la federación concentra los impuestos más potentes: ISR, IVA, IEPS. A los estados les quedan impuestos menores como la tenencia vehicular o el impuesto sobre nóminas. Los municipios dependen del predial, que en la mayoría de los casos está subexplotado.

Ampliar la capacidad recaudatoria de estados y municipios les daría recursos y autonomía, pero también impondría costos políticos. Cobrar impuestos es impopular. Pocos gobernadores o alcaldes quieren asumir ese desgaste cuando pueden esperar que el dinero venga de la federación.

Reformar las potestades tributarias requeriría un pacto federal que redistribuyera fuentes de ingreso de manera ordenada, evitando duplicidades y huecos. Los intentos de reforma han enfrentado resistencias de la federación, que no quiere perder poder, y de los estados más ricos, que no quieren compartir con los más pobres.

Coordinación fiscal

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, establecido en 1980, regula las relaciones fiscales intergubernamentales. Los estados renuncian a cobrar ciertos impuestos a cambio de recibir participaciones de la recaudación federal. Este arreglo ha tenido méritos —evita la doble tributación, simplifica el sistema— pero también limitaciones.

La fórmula de distribución de participaciones ha sido objeto de negociaciones y ajustes. Los criterios incluyen población, marginación, recaudación local y otros factores. Cada revisión genera conflictos entre estados ganadores y perdedores.

Un tema recurrente es si las fórmulas deben premiar el esfuerzo recaudatorio local. Incluir este criterio incentivaría que los estados fortalezcan sus propios ingresos, pero también podría beneficiar desproporcionadamente a estados más ricos con mayor base tributaria.

Gasto federalizado

Buena parte del gasto que ejercen estados y municipios son recursos federales etiquetados para fines específicos: educación, salud, infraestructura, seguridad. Esto limita la flexibilidad de los gobiernos locales para atender sus prioridades.

Las reglas de operación de los fondos federales, además, suelen ser complicadas. Municipios pequeños carecen de capacidad técnica para cumplirlas, dejando recursos sin ejercer. La burocracia de la coordinación intergubernamental consume energía que debería dedicarse a servir a los ciudadanos.

Hacia un nuevo federalismo

Transformar el federalismo fiscal mexicano requiere voluntad política de todos los órdenes de gobierno. La federación tendría que ceder recursos y poder. Los estados y municipios tendrían que asumir responsabilidades y rendir cuentas. No es claro que exista disposición para este gran acuerdo.

Sin embargo, las presiones existen. El nearshoring está beneficiando a algunos estados más que a otros. Las demandas ciudadanas de servicios públicos de calidad crecen. La desigualdad territorial alimenta migraciones y tensiones sociales.

Un federalismo fiscal más equilibrado no es receta mágica para el desarrollo. Pero es condición necesaria para un modelo de país donde las oportunidades no dependan del código postal, donde los gobiernos locales respondan a sus ciudadanos y donde los recursos públicos se traduzcan en bienestar real para la gente.