Opinión: Transparencia y rendición de cuentas en tiempos de cambio

La transparencia gubernamental y la rendición de cuentas son pilares de cualquier democracia funcional. México construyó durante décadas un andamiaje institucional para garantizar el acceso a la información pública y fiscalizar el ejercicio del poder. Ese andamiaje enfrenta hoy presiones que obligan a reflexionar sobre su fortaleza y su futuro.

Lo construido

El derecho de acceso a la información pública tiene en México rango constitucional. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada inicialmente en 2002 y reformada en 2015, estableció obligaciones para todas las autoridades y creó instituciones garantes.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emergió como órgano autónomo encargado de garantizar estos derechos. La Plataforma Nacional de Transparencia permitió acceder a información pública de manera digital. Sistemas estatales y municipales replicaron el modelo.

Paralelamente, se fortalecieron mecanismos de fiscalización. La Auditoría Superior de la Federación amplió sus facultades. Sistemas anticorrupción, nacional y locales, articularon instituciones dedicadas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.

Este edificio institucional, con todas sus limitaciones, representó un avance democrático real. Periodistas, organizaciones civiles y ciudadanos utilizaron el acceso a la información para denunciar abusos, fiscalizar el gasto público y exigir rendición de cuentas.

Las presiones actuales

El entorno actual presenta desafíos significativos para la transparencia. La tensión entre el gobierno federal y los órganos autónomos se ha intensificado. El INAI ha enfrentado cuestionamientos desde el discurso oficial y propuestas de reforma que reducirían su autonomía o funciones.

La austeridad presupuestal ha afectado a las instituciones de transparencia y anticorrupción. Recortes de personal, limitación de recursos operativos y congelamiento de salarios debilitan la capacidad institucional para cumplir sus mandatos.

La opacidad ha encontrado nuevos refugios. Información que debería ser pública se clasifica como reservada invocando razones de seguridad nacional. Proyectos de infraestructura se declaran de seguridad nacional para evadir licitaciones transparentes. El ámbito de lo que puede conocerse se estrecha.

Transparencia selectiva

Un fenómeno preocupante es la transparencia selectiva. Se difunde profusamente información que conviene al gobierno —logros, datos positivos, narrativas favorables— mientras se obstaculiza el acceso a información incómoda.

Las conferencias matutinas del ejecutivo federal ofrecen información diaria, pero en un formato controlado donde las preguntas incómodas se evaden y las verdades alternativas se imponen. Es transparencia como espectáculo, no como rendición de cuentas.

La producción de datos oficiales también genera sospechas. Cuando las metodologías de medición cambian conveniente mente, cuando indicadores desfavorables dejan de publicarse, cuando la información contradice la evidencia empírica, la confianza en las estadísticas oficiales se erosiona.

El papel de la sociedad civil

Las organizaciones de la sociedad civil han sido usuarias activas de los derechos de acceso a la información. Han utilizado solicitudes de información para documentar violaciones a derechos humanos, irregularidades en contrataciones, conflictos de interés y otros abusos.

Sin embargo, estas organizaciones también enfrentan presiones. La reducción de financiamiento público a OSCs, la estigmatización desde el discurso oficial y las dificultades para acceder a información han complicado su labor de vigilancia.

La investigación periodística, aliada natural de la transparencia, enfrenta sus propios desafíos. Medios independientes con recursos limitados, precarización del trabajo periodístico, violencia contra periodistas: el ecosistema informativo está debilitado.

Rendición de cuentas: el eslabón débil

La transparencia es condición necesaria pero no suficiente para la rendición de cuentas. Que la información esté disponible no garantiza que los abusos sean sancionados. México tiene un problema de impunidad que la transparencia por sí sola no resuelve.

Los casos documentados de corrupción que terminan en sanciones efectivas son una minoría. Las instituciones de procuración e impartición de justicia tienen capacidades limitadas y, en ocasiones, voluntad limitada. Quienes abusan del poder frecuentemente salen impunes.

Fortalecer la rendición de cuentas requiere trabajar en toda la cadena: acceso a información, investigación, acusación, juicio, sanción. Cada eslabón débil compromete al conjunto.

Transparencia en tiempos digitales

La era digital plantea nuevos desafíos para la transparencia. Los algoritmos que median nuestra relación con la información, las decisiones automatizadas que afectan a ciudadanos, el uso de inteligencia artificial en el gobierno: estos fenómenos requieren nuevas formas de transparencia algorítmica y explicabilidad.

La protección de datos personales, mandato también del INAI, se ha vuelto más compleja. El equilibrio entre transparencia pública y privacidad individual requiere calibración constante. Los riesgos de vigilancia masiva coexisten con las demandas de apertura gubernamental.

El futuro en disputa

El futuro de la transparencia y la rendición de cuentas en México está en disputa. Por un lado, hay fuerzas que buscan consolidar lo construido, defender la autonomía institucional y ampliar los derechos ciudadanos. Por otro, hay quienes ven en la transparencia un obstáculo para el ejercicio del poder y buscan reducir su alcance.

El desenlace de esta disputa determinará en buena medida la calidad de la democracia mexicana. Una democracia opaca, donde el poder no rinde cuentas, es democracia deficitaria. Una democracia transparente, donde los ciudadanos pueden vigilar y exigir, es democracia robusta.

Defender y profundizar la transparencia no es agenda de un partido o una ideología. Es agenda democrática fundamental, de interés para cualquier ciudadano que aspire a un gobierno que sirva a todos.