Ciudad de México, México.

El Ministerio Público presentó una licencia de conducir falsa de Rosario Robles Berlanga, con la cual el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidió “de forma arbitraria” imponerle la medida cautelar de prisión preventiva, acusó el equipo jurídico de la exsecretaria de Desarrollo Social.

Se trata de un documento evidentemente apócrifo que en su momento fue refutado, señaló. “El Ministerio Público presentó este documento con datos, firma y fotografía falsos. En él se puede observar que la fotografía fue tomada tal vez de Internet, la firma no corresponde con la de nuestra defendida y con datos que no corresponden con el domicilio de Rosario Robles”, apuntó.

“La licencia, que llegó de forma anónima a nuestras manos, con datos de la Semovi de la Ciudad de México, señala en su base de datos que el domicilio de nuestra defendida es la calle de Tennyson s/n, colonia Axotla, en Álvaro Obregón”.

Empero, la calle Tennyson está ubicada en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que exigió se respete el Estado de derecho y se dé continuidad al procedimiento evitando “ardides” notoriamente improcedentes, y se reponga a la brevedad la audiencia bajo las condiciones que ya estaban establecidas.

La defensa jurídica de la funcionaria de la pasada administración informó que, en un acto “arbitrario” y fuera de toda lógica, el Ministerio Público Federal recuso a la magistrada Graciela Rocío Santes Magaña para evitar que conociera de la audiencia pública de alegatos aclaratorios prevista para este viernes 13 de septiembre.

Ahí se revisaría la medida cautelar de prisión preventiva impuesta de manera ilegal a su defendida, agregó. Acusó que la intención del Ministerio Público al recusar a la magistrada salta a la vista: prolongar innecesaria e injustamente la prisión preventiva a la que está sometida Rosario Robles.

“Esto es una muestra evidente del tipo de ‘chicanadas’ a las que está dispuesta a participar la parte acusadora”, subrayó.

El equipo legal encabezado por Julio Hernández Barros lamentó y reprobó el “juego sucio” del Ministerio Público al descalificar y poner en duda la dignidad, el profesionalismo, la imparcialidad y la experiencia de la magistrada Santes Magaña para conocer del caso.

En cambio, acusó, no lo hizo así cuando se designó “por sorteo” al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que sí estaba impedido legal y éticamente.

Destacó que, si el Ministerio Público Federal tuviera los elementos legales sólidos para sostener las acusaciones contra Rosario Robles, no tendría a mayor relevancia quién sería a el juzgador o la juzgadora designada para conocer de los alegatos aclaratorios.

Advirtió que se trata del mismo Ministerio Público que mencionó sin presentar como prueba una supuesta licencia de conducir con un domicilio distinto al de su representada, dichos con los cuales el juez Delgadillo Padierna decidió de forma “arbitraria” y sin tomar en cuenta las pruebas de la defensa imponer la medida cautelar.

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