Luego de que se aprobara la creación de refugios para víctimas de violencia de género en Nuevo León, Rosario Pacheco, directora de Alternativas Pacíficas, consideró que uno de los riesgos que pueden correr las dependencias de gobierno es poner en peligro a las mujeres al requerir que interpongan una denuncia.

Este martes, los legisladores dieron luz verde por unanimidad a la reforma de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los artículos 31 y 43, que obliga a los distintos niveles de gobierno a establecer sitios de resguardo, hecho que su promotora, Karina Barrón, consideró histórico.

Lo anterior se da a ocho días del feminicidio de Abril Pérez Sagaón en la Ciudad de México, mientras que su familia señala a su exesposo, Juan Carlos “N”, de ser el responsable del ataque a balazos que le arrebató la vida frente a sus hijos.

“Cuando una mujer denuncia, lo más importante es arroparla a ella y a su familia y eso es lo que el día de hoy se aprobó por parte de este Congreso, y es para que los municipios y el gobierno del estado destinen recursos a contar con refugios no sólo como un espacio físico, sino un lugar donde se les dé acompañamiento, alimentación y apoyo psicológico y legal”, dijo.

Sin embargo, la activista explicó que un inconveniente que puede presentarse con los organismos gubernamentales es que la dependencia condicione la estadía de la víctima pidiéndole que acuda a interponer una denuncia.

“Eso las pone en riesgo porque hacen enojar al agresor. Hay que revisar todo el contexto, la historia que lleva la señora, el tiempo que tenga con el problema de violencia. Va a pedir protección y la obligan (a denunciar), porque esa es la razón de ser de la Fiscalía y el Centro de Orientación y Denuncia (Code). En cambio si acude a una Puerta Violeta, no se le obliga a denunciar.

“Se le pone a refugio o la atención externa. Estamos centradas en sus necesidades, un beneficio de que las asociaciones coordinen esto, es garantizar la capacidad de respuesta, que no se le tenga recorriendo horas y horas la ruta de la injusticia, podemos garantizar la confidencialidad”, opinó.

Alternativas Pacíficas fue fundada en 1995 por Alicia Leal, con la intención de ofrecer un espacio seguro a quienes buscaban resguardarse de su agresor, muchas veces, en compañía de sus hijos.

A pesar del incremento en los feminicidios y la permanencia de la alerta de género desde noviembre del 2016 en Nuevo León, Pacheco aseguró que fue hasta la administración de Jaime Rodríguez Calderón cuando se reconoció el problema en la entidad.

Sin embargo, lamentó que el caso de la sampetrina de 48 años y madre de tres hijos cobrara relevancia por encima de muchos otros casos similares.

“Lo que sufrió Abril, desgraciadamente, lo digo con mucha impotencia y frustración, lo sufren miles de mujeres y nadie voltea a verlas. ¿Cuántas mujeres han muerto? Y les quitan los dientes, les destrozan las mandíbulas, las dejan arrastrándose en el piso. Te puedo nombrar infinidad de casos, nadie lo dice”, relató.

Desde su fundación, la organización ofrece alojamiento por 15 días de manera inicial, a jóvenes, adultas y madres que se ven sometidas a una situación de violencia. Además, forma parte de la Red Nacional de Refugios, con más de 60 instalaciones en todo el país, por lo que trasladar a una familia a otro estado es una opción, cuando se teme por la integridad de la misma.

“Se abrieron las puertas. Este año hemos tenido sentencias dictadas y órdenes de aprehensión ejecutadas, tres o cuatro casos muy importantes de los que están presos. Eso no lo habíamos visto antes, se habían quedado en la impunidad. Falta mucho, pero ya las autoridades al menos reconocen”, mencionó Pacheco.

Durante el 2019, Nuevo León registró 58 feminicidios, de los cuales 36 por ciento fue responsabilidad de algún familiar, conocido o pareja de la víctima, de acuerdo con el Instituto Estatal de las Mujeres.

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